LA CLASE POLÍTICA Y EL PELIGRO DEL NARCO- TERRORÍSMO

Ya se escuchan comentarios en el sentido de que Perú corre peligro de convertirse en un narco-Estado. La presencia, cada vez más extendida de sujetos provenientes de los cárteles de México y Colombia, en territorio nacional, hace temer que así sea.

En las dos últimas semanas se han producido hechos que confirmarían tal preocupación. Uno ocurrió en vísperas de las Fiestas Patrias .El vocal Hernán Saturno Vergara fue victimado a balazos en plena luz del día.Otro aconteció el 28 de Julio.El abogado Elber Albán Díaz fue muerto a tiros con la misma ferocidad y en presencia de asustados transeúntes.Ambos casos se produjeron en la ciudad de Lima.

El primero a escasa distancia de una comisaría y del Palacio de Justicia. El segundo en el distrito del Rímac y también muy cerca de un puesto policial. Hasta ahora los asesinos están sueltos y la prensa sensacionalista supone que se trata de sicarios al servicio del narcotráfico.A estos repudiables actos criminales, se suman otros registrados en el valle del Monzón, zona cocalera de Tingo María.

En la carretera, elementos armados de fusiles y pistolas acabaron con la vida de tres personas. Otro tanto ocurrió en una discoteca, en donde varios desconocidos se enfrentaron a tiros, causando la muerte de una joven enfermera.Tal avance de la criminalidad que ha dejado como herencia el régimen de Alejandro Toledo y que sembró sus raíces en los tiempos de Alberto Fujimori, es cada vez más siniestro.

Tanto en la ciudad capital como en otros rincones del territorio, se reportan asesinatos similares, caracterizados por la frialdad con que actúan sus autores y que no son otra cosa que la repetición de matanzas que con la misma vesanía se han dado en México y Colombia desde años atrás.Es evidente, entonces, que la Policía Nacional se encuentra impotente para enfrentar este creciente aumento de la criminalidad.

Las cifras estadísticas refieren que hoy por hoy se está registrando un promedio de 12.5 personas asesinadas por cada 100 mil pobladores. Tal cantidad es aún menor a lo que se da en México con un promedio de 24 y de Colombia con la cantidad escalofriante de 77,pero de ninguna manera despeja la sensación de inseguridad que vive la población.

Las autoridades denotan que enfrentan serias dificultades para prevenir y reprimir esta espiral delincuencial, que amenaza tanto la calidad de vida personal y familiar de los peruanos, sino que además hace temer que, al igual que en los años del terrorísmo, tengamos que hacer frente ahora al narco-terrorísmo, incentivado por la escasa operatividad de cuerpos especializados y por la corrupción existente en la administración de justicia.No se sabe todavía qué podrá hacer el gobierno que ha estrenado su gestión el reciente 28 de julio para poner freno a este mal y exterminarlo si es posible.

Es una tarea que debe asumir,aún sin contar con los medios adecuados, paralelamente a la necesidad de atender los grandes problemas sociales, embalsados dentro de un dique que está a punto de reventar en forma violenta.Es acaso una exageración esto. No, de ninguna manera.Hay 13 millones de peruanos en extrema pobreza que se sienten alentados ante los primeros anuncios gubernamentales, pero que de ninguna manera están dispuestos diferir la hora de su redención.A un costado y en cantidad muchísima menor, pero con gran habilidad para protagonizar titulares de primera plana, están aquellos políticos que no muestran decisión honesta para apoyar la gobernabilidad y que priorizan sus ambiciones de cara a las próximas elecciones municipales y regionales.

Esa es la realidad del Perú de estos tiempos.El canibalísmo político se muestra en toda su irracionalidad, sin entender que al igual que el homicidio, el robo, el pandillaje, la micro comercialización de drogas, tienen entre sus causas la miseria, la falta de empleo,la escasez de medios para subsistir con decoro, la falta de educación eficaz.Claro que el peligro de ver al país convertido en un narco- Estado será cada vez más evidente, si continúa esta situación, con una llamada clase política en la cual predomina sobre todo la ignorancia y la confusión en el tratamiento del bien común.

A ella hay que decirle que la pobreza, por si sola, no es responsable de la violencia.Y que esta se puede dar si se suma la desigualdad, la marginación, la exclusión social. Nadie en su sano juicio podría negar el derecho a ser oposición.

Esta es necesaria por donde se le vea. Pero, lo negativo es que se siga insistiendo en poner píedras en el camino, lanzar calificativos sin sustentos serios, tratando de imponer agendas políticas, cuando el país requiere primero de acciones alejadas de falsos triunfalismos, para afirmar los más altos valores de la convivencia humana.