CUANDO LOS CORRUPTOS SILENCIAN A LOS PERIODISTAS

A partir de los años noventa del reciente siglo pasado, los funcionarios públicos con frecuencia involucrados en actos ilícitos, han tomado la costumbre de querellar a los periodistas por difamación agravada.

De esa manera tratan de intimidar, de ponerle mordaza, a quienes tienen el deber de informar sobre la corrupción que parece ser intocable aún en nuestro país. Pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, todo indica que la Ministra de Justicia, doña María Zavala Valladares, estaría llana a tomar el toro por las astas. En tal sentido se ha mostrado partidaria de estudiar detenidamente la legislación penal y escuchar las voces del gremio de la prensa, que al amparo de la moderna doctrina, demanda que los llamados delitos de prensa, se ventilen en el fuero civil.

Son muchos los casos, sobre todo en tiempos del fujimorismo, en que los funcionarios estatales, de todo nivel,han recurrido a dicha maniobra legal. Existe hasta casos anecdóticos sobre el particular. En los archivos figura, por ejemplo, aquel juicio que tuvo que enfrentar un comunicador de Puerto Maldonado, que no solo fue querellado por supuesta difamación, sino que también terminó con su existencia en la cárcel acusado de ejercicio ilegal de la profesión.

Otro caso memorable es el del periodista tumbesino, quien convencido de que la Constitución le amparaba el derecho a la libertad de prensa, se atrevió a informar sobre los excesos del alcalde de Aguas Verdes, pero sin medir las consecuencias de ello.El burgomaestre no solo logró que los jueces sentenciarán al periodista, sino que además, haciendo uso de su cargo, procedió a decomisar los equipos de transmisión. Situaciones como las reseñadas ocurren también en otros países.

Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vio precisada a demandar de los gobiernos la derogatoria de las normas de penalización de los llamados delitos de prensa y en cambio se vieran según los respectivos Códigos Civiles. El llamado ha sido escuchado en diversos países.

Uno de los más recientes es México. Pero eso no ha ocurrido en el nuestro, a pesar de que tal demanda es del año 2000 y las querellas,repudiables porque se basan en argumentos con frecuencia deslenables, se multiplican con la misma continuidad con que se descubren actos de corrupción en el aparato estatal.¿ Por qué esto?.


Ojalá la Ministra Zavala Valladares le ponga coto a ello con un criterio más actual de la sanción que debe darse cuando verdaderamente se lesione el honor de la persona.