EL CAOS EN LAS CARCELES DEL PAIS

Las recientes jornadas sabatinas y domingueras en Palacio de Gobierno, durante las cuales los ministros renunciaron al descanso para despachar con holgura y tenacidad los problemas más inmediatos que agobian al país, constituye una muestra de lo que se puede hacer cuando no existe ni frivolidad, ni despilfarro.

Entre los puntos que merecen anotarse, aunque todos son de la mayor trascendencia, figura el relacionado con las cárceles del país, hoy en día verdaderos centros de corrupción y de guaridas encubiertas de avezados delincuentes.

El tiempo apremia y ojalá María Zavala Valladares, recordando que no en vano perdió un zapato antes de su juramentación, ponga pie firme para terminar con un caos que se ha generalizado en los 83 establecimientos penitenciarios que sirven de posada penal a más de 30 mil internos, esto a pesar que su capacidad total es de escasamente 20 mil. No es un misterio, todo el mundo lo sabe, pero en esos penales con una sobrepoblación cada vez mayor, los internos no están para purgar sus delitos.

Al contrario, de una u otra forma intervienen en un proceso de corrupción generalizada, con la venta de drogas, alquiler de celulares, suministro de armas blancas, expendio de licores, servicio de guardespalda y hasta la repudiable prostitución clandestina. A ellos se suma la presencia de verdaderas bandas de delincuentes que han convertido las cárceles en sus centros de operaciones para planificar asesinatos, secuestros, asaltos y toda la amplia gama de delitos contemplados en el Código Penal.

El tema es sumamente complejo, si se tiene en cuenta que del total de la población penal, el 93,04 por ciento está formado por varones y el 6,96 por ciento por mujeres, en tanto la población juvenil, es decir, personas entre los 18 y 29 años de edad, se presenta como la más numerosa, con un 47,9 por ciento del total de la población penal.

Si hubiera que graficar hasta qué punto el problema carcelario está herido de gravedad, bastaría con señalar que hasta a la fecha ningún intento ha sido favorable y que, por el contrario, finalmente hasta las propias autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de todo nivel, se han visto involucrados en la comisión de delitos. Pero, el problema no está solo en observar lo que ocurre al interior de los establecimientos penitenciarios.

Va más allá, y ahí encontramos un sistema judicial que no responde eficazmente a la problemática legal de los internos e internas. Las más recientes estadísticas señalan que apenas el 29,53 por ciento de la población penal se encuentra en calidad de sentenciada, mientras el 70.47 por ciento, todavía se mantiene en calidad de procesada. Es decir, las autoridades judiciales tan censuradas de diferentes frentes de la sociedad civil, no han podido determinar la responsabilidad frente al hecho que provocó su encarcelamiento.

Podríamos extendernos en otros extremos. Sin embargo, no se puede obviar que el ordenamiento legal del país no es precisamente el más correcto. La persona privada de libertad no recibe un tratamiento para su reeducación y resocialización. Todo porque los responsables se escudan en que no hay recursos materiales y personal profesional para efectuar tal trabajo. Y si es así, ¿qué se podría hacer?.

La ministra Zavala parece ser que no quiere perder el otro zapato y preocupada por ello, ya lanzó una primera propuesta, la de privatizar las cárceles, siguiendo la experiencia que se ha dado en otras latitudes. No se sabe aún en qué consiste tal iniciativa, cuáles son los detalles, pero en todo caso ojalá también vaya a la par con una mejor actuación del Poder Judicial.