SOLAMENTE SON CULPABLES LOS MALVADOS ????
Para la señora Lourdes Alcorta, los violadores de niños son unos desgraciados, unos perversos, unos malvados y, por tanto, merecen la pena de muerte. Es decir, hay que cortarles la cabeza.
Su razonamiento coincide con el de muchas madres de familia, las mismas que ante el drama que viven gran número de menores de edad, sin que hasta el momento haya forma de solución alguna, reclaman que se quite la vida a tales seres humanos.
El problema puesto sobre el tapete, en realidad, por el Poder Ejecutivo, a través de una iniciativa legislativa que obligaría a modficar la Constitución Política del Estado, tiene impactada a la opinión pública. El hecho de que se reporten diariamente 33 violaciones en el país, en casi un 60 por ciento cometidas por padres, padrastros, hermanos, parientes y gente del entorno familiar, justificaría tal planteamiento.
Sin embargo, el tema en debate no se puede agotar en una primera instancia del razonamiento, que en este caso está llevado por un ánimo muy subjetivo, en donde se junta la indignación con el afán de encontrar justicia rápida. Pero, tampoco se puede dejar para las calendas griegas un asunto que compete a toda la sociedad civil y que debe ser visto con la mayor objetividad. Resulta doloroso saber lo que está pasando con los niños del Perú y como bien dice Alcorta, por culpa de desgraciados, perversos y malvados.
Pero, más doloroso resulta reconocer que la culpa de esta situación está en el propio cuerpo de la sociedad civil. Basta recordar que hay más de 11 millones de niños, niñas y adolescentes, que no solamente son víctimas de abusos sexuales, sino que también son maltratados dentro de su familia. Y frente a ello, la sociedad civil, bien, gracias.
La más reciente encuesta de demografía y salud familiar señaló, abriendo este siglo, que el 41.2 por ciento de los padres biológicos recurre a los golpes para corregir o castigar al niño; el porcentaje de niños menores de 15 años afectados por violencia llega al 61 por ciento en todo el país; la Defensoría del Niño y Adolescente reportó 4,011 casos de menores de 18 años, víctimas de maltrato físico, psicológico y de negligencia, mientras una investigación en el Cusco señala que un tercio de los padres y la mitad de las madres, agreden a los niños y la cuarta parte de dichas mujeres utilizan algún objeto para maltratar.
Hacemos este recuento para hacer ver a la opinión pública y, de manera muy especial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que los desgraciados, perversos y malvados, merecen la condena que corresponda, pero el tema no se debe agotar en un aspecto que afecta a los niños, sino de manera más integral, dentro de una política que no signifique una pastilla para el dolor, sino más bien una cirugía que ponga término a este cáncer.
Hablar de abusos sexuales no significa solamente referirse a los sujetos activos que existen tanto entre los pobres, como entre los ricos. Significa más bien, tener en cuenta que tal abuso sexual infantil se refuerza con el cosntante incremento de la pornografía infantil, el turismo sexual, la prostitución infantil y la emergente tendencia de ver al niño o niña como un objeto sexual disponible para el abuso. ¿Bastará con quitarle la vida a los desgraciados, perversos y malvados?, ¿será mejor condenarlos a cadena perpetua?, ¿será más eficaz someterlos a la castración química?.
Hasta ahora estas son las propuestas que se han escuchado, sin que hasta el momento exista alguien que haya mencionado la existencia del abuso sexual encubierto que ocurre dentro del ámbito familiar y que, por eso mismo, carece de denuncias. Así es de grave el problema que requiere de todo un proceso educativo, de políticas efectivas contra la criminalidad y de la corrupción en el ámbito familiar y en el maremagnum de la sociedad civil.
Sobretodo, cuando ya se sabe que por ejemplo, en Lima y Cusco, el 20 por ciento de mujeres que han sido encuestadas señalan haber sido víctima de abuso sexual antes de los 15 años, principalmente por parte de un familiar; 8 de cada 10 casos de abuso sexual tienen como victimario a un miembro del entorno familiar de la víctima y 6 de cada 10 embarazos en niñas de 11 a 14 años son producto de incesto o violación.
El tema está en discusión y preguntamos si los propios medios de comunicación también lo tendrán en su agenda como parte de los problemas que deben asumir. El tema ya está en debate y preguntamos si la propia familia está preparada para ello.
El tema se encuentra sobre la mesa y preguntamos si los políticos, muchos de los cuales dan prioridad a la cobranza de sus emolumentos o a dormir la siesta en sus curules, tendrán presente que las denuncias por abuso sexual infantil casi siempre quedan impunes porque hay un gran sector de la población que desconoce de los canales y lugares a dónde acudir, como también es marcado el temor a la estigmatización y condena de parte de la sociedad y dentro de la propia familia.
Su razonamiento coincide con el de muchas madres de familia, las mismas que ante el drama que viven gran número de menores de edad, sin que hasta el momento haya forma de solución alguna, reclaman que se quite la vida a tales seres humanos.
El problema puesto sobre el tapete, en realidad, por el Poder Ejecutivo, a través de una iniciativa legislativa que obligaría a modficar la Constitución Política del Estado, tiene impactada a la opinión pública. El hecho de que se reporten diariamente 33 violaciones en el país, en casi un 60 por ciento cometidas por padres, padrastros, hermanos, parientes y gente del entorno familiar, justificaría tal planteamiento.
Sin embargo, el tema en debate no se puede agotar en una primera instancia del razonamiento, que en este caso está llevado por un ánimo muy subjetivo, en donde se junta la indignación con el afán de encontrar justicia rápida. Pero, tampoco se puede dejar para las calendas griegas un asunto que compete a toda la sociedad civil y que debe ser visto con la mayor objetividad. Resulta doloroso saber lo que está pasando con los niños del Perú y como bien dice Alcorta, por culpa de desgraciados, perversos y malvados.
Pero, más doloroso resulta reconocer que la culpa de esta situación está en el propio cuerpo de la sociedad civil. Basta recordar que hay más de 11 millones de niños, niñas y adolescentes, que no solamente son víctimas de abusos sexuales, sino que también son maltratados dentro de su familia. Y frente a ello, la sociedad civil, bien, gracias.
La más reciente encuesta de demografía y salud familiar señaló, abriendo este siglo, que el 41.2 por ciento de los padres biológicos recurre a los golpes para corregir o castigar al niño; el porcentaje de niños menores de 15 años afectados por violencia llega al 61 por ciento en todo el país; la Defensoría del Niño y Adolescente reportó 4,011 casos de menores de 18 años, víctimas de maltrato físico, psicológico y de negligencia, mientras una investigación en el Cusco señala que un tercio de los padres y la mitad de las madres, agreden a los niños y la cuarta parte de dichas mujeres utilizan algún objeto para maltratar.
Hacemos este recuento para hacer ver a la opinión pública y, de manera muy especial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que los desgraciados, perversos y malvados, merecen la condena que corresponda, pero el tema no se debe agotar en un aspecto que afecta a los niños, sino de manera más integral, dentro de una política que no signifique una pastilla para el dolor, sino más bien una cirugía que ponga término a este cáncer.
Hablar de abusos sexuales no significa solamente referirse a los sujetos activos que existen tanto entre los pobres, como entre los ricos. Significa más bien, tener en cuenta que tal abuso sexual infantil se refuerza con el cosntante incremento de la pornografía infantil, el turismo sexual, la prostitución infantil y la emergente tendencia de ver al niño o niña como un objeto sexual disponible para el abuso. ¿Bastará con quitarle la vida a los desgraciados, perversos y malvados?, ¿será mejor condenarlos a cadena perpetua?, ¿será más eficaz someterlos a la castración química?.
Hasta ahora estas son las propuestas que se han escuchado, sin que hasta el momento exista alguien que haya mencionado la existencia del abuso sexual encubierto que ocurre dentro del ámbito familiar y que, por eso mismo, carece de denuncias. Así es de grave el problema que requiere de todo un proceso educativo, de políticas efectivas contra la criminalidad y de la corrupción en el ámbito familiar y en el maremagnum de la sociedad civil.
Sobretodo, cuando ya se sabe que por ejemplo, en Lima y Cusco, el 20 por ciento de mujeres que han sido encuestadas señalan haber sido víctima de abuso sexual antes de los 15 años, principalmente por parte de un familiar; 8 de cada 10 casos de abuso sexual tienen como victimario a un miembro del entorno familiar de la víctima y 6 de cada 10 embarazos en niñas de 11 a 14 años son producto de incesto o violación.
El tema está en discusión y preguntamos si los propios medios de comunicación también lo tendrán en su agenda como parte de los problemas que deben asumir. El tema ya está en debate y preguntamos si la propia familia está preparada para ello.
El tema se encuentra sobre la mesa y preguntamos si los políticos, muchos de los cuales dan prioridad a la cobranza de sus emolumentos o a dormir la siesta en sus curules, tendrán presente que las denuncias por abuso sexual infantil casi siempre quedan impunes porque hay un gran sector de la población que desconoce de los canales y lugares a dónde acudir, como también es marcado el temor a la estigmatización y condena de parte de la sociedad y dentro de la propia familia.
1 Comments:
Esto de la pena de muerte huele a podrido, el Perú ya ha evolucionado y dejado atras -espero- esa forma de pensar. El Sr. García OTRA VEZ nos quiere convertir a los peruanos en parias internacionales, ya no por dejar de pagar la deuda, esta vez por evitar una sanción por violación de derechos humanos llevara al pais a una situación riesgosa. A ver quien le pone el cascabel al gato.
Aliensombra
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